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Revista Científica Zambos
ISSN: 3028-8843
Vol. 5 - Núm. 3 / Septiembre – Diciembre 2026
Revista Científica Zambos / Vol. 05 / Num. 03/ www. revistaczambos.utelvtsd.edu.ec
Impacto de los Errores en la Certificación de
Defunción sobre las Estadísticas de Mortalidad en
Ecuador y Latinoamérica
The Impact of Errors in Death Certificates on Mortality Statistics in
Ecuador and Latin America
Molina-Velez, Leonardo Daniel
1
Molina-Zambrano, Leonardo Daniel
2
https://orcid.org/0009-0004-8442-8529
https://orcid.org/0009-0001-4576-603X
leonardomolinavelez@gmail.com
vldmz20@gmail.com
Ecuador, Investigador Independiente
Ecuador, Investigador Independiente
Kuffo-Guillén, Luis Armando
3
Vera-Vélez, Fabricio Alejandro
4
https://orcid.org/0009-0002-3028-166X
https://orcid.org/0009-0002-6422-5041
luisarmandokuffog@hotmail.com
fabricio30@live.com
Ecuador, Investigador Independiente
Ecuador, Investigador Independiente
Fonseca-Cobo, Francisco Daniel
5
https://orcid.org/0009-0003-9007-6585
asolegalfn@hotmail.es
Ecuador, Investigador Independiente
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n3/230
Resumen: La certificación médica de la defunción constituye
un acto clínico, epidemiológico y jurídico de trascendencia
insoslayable para la estructuración de políticas de salud
pública y la salvaguarda de los derechos civiles. El presente
informe examina exhaustivamente el impacto que los errores,
las omisiones y la asignación de "códigos basura" en los
certificados de defunción ejercen sobre las estadísticas de
mortalidad en la República del Ecuador y en la región de
Latinoamérica. Mediante un abordaje metodológico riguroso
cimentado en las directrices PRISMA, se analizaron los
determinantes clínicos y legales que subyacen a la
subnotificación y a la mala clasificación de las causas de
muerte. Se hizo especial énfasis en la mortalidad materna, las
enfermedades crónicas no transmisibles y las muertes por
causas externas. El estudio revela que una proporción
estadísticamente significativa de los registros vitales carece
de especificidad, lo cual distorsiona la carga real de
morbilidad y entorpece la asignación de recursos sanitarios.
Desde la dogmática jurídica, se disecan las repercusiones del
Código Orgánico Integral Penal (COIP) frente a la mala praxis
y la falsedad documental, evidenciando una desconexión
crítica entre la norma imperativa y la praxis médica. Se
concluye que la integridad del dato requiere una profunda
reestructuración formativa.
Palabras clave: Certificación médica, Estadísticas vitales,
Códigos basura, Jurisprudencia, Epidemiología.
Research Article
Recibido: 09/Ago/2026
Aceptado: 06/Sep/2026
Publicado: 30/Sep/2026
Cita: Molina-Velez, L. D., Molina-
Zambrano, L. D., Kuffo-Guillén, L. A.,
Vera-Vélez, F. A., & Fonseca-Cobo, F.
D. (2026). Impacto de los Errores en la
Certificación de Defunción sobre las
Estadísticas de Mortalidad en Ecuador
y Latinoamérica. Revista Científica
Zambos, 5(3), 385-399.
https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n3/230
Ecuador, Santo Domingo, La
Concordia
Universidad Técnica Luis Vargas
Torres de Esmeraldas – Sede Santo
Domingo
Revista Científica Zambos (RCZ)
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© 2026. Este artículo es un documento
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Abstract:
The medical certification of death is a clinical, epidemiological, and legal act of
undeniable importance for the development of public health policies and the protection
of civil rights. This report comprehensively examines the impact that errors, omissions,
and the assignment of “garbage codes” on death certificates have on mortality
statistics in the Republic of Ecuador and throughout Latin America. Using a rigorous
methodological approach grounded in the PRISMA guidelines, the study analyzed the
clinical and legal determinants underlying underreporting and misclassification of
causes of death. Particular emphasis was placed on maternal mortality, chronic
noncommunicable diseases, and deaths from external causes. The study reveals that
a statistically significant proportion of vital records lack specificity, which distorts the
actual burden of disease and hinders the allocation of health resources. From a legal
perspective, the study examines the implications of the Comprehensive Organic
Criminal Code (COIP) regarding medical malpractice and document falsification,
highlighting a critical disconnect between mandatory legal provisions and medical
practice. It concludes that data integrity requires a profound restructuring of training
programs.
Keywords: Medical Certification, Vital Statistics, Garbage Codes, Case Law,
Epidemiology.
1. Introducción
La precisión en el registro de los hechos vitales constituye el pilar fundamental sobre
el cual los Estados modernos edifican sus sistemas de vigilancia sanitaria, estructuran
la provisión de servicios y garantizan la seguridad jurídica de sus ciudadanos. Dentro
de este vasto ecosistema de información interconectada, el certificado médico de
defunción se erige como el instrumento primario que dota de validez legal al cese de
la existencia física de una persona y, simultáneamente, alimenta las bases de datos
epidemiológicas que dictan el rumbo de las intervenciones en salud pública.
En este sentido, la literatura contemporánea subraya que "la ciencia se presenta aquí
no como un campo cerrado, sino como una construcción colectiva que requiere
diálogo permanente entre perspectivas diversas", premisa que resulta ineludible al
abordar la compleja intersección entre la medicina forense, la epidemiología analítica
y el derecho sancionador. A nivel global, y de manera particularmente incisiva en
Latinoamérica, los sistemas de registro civil y las estadísticas vitales enfrentan
deficiencias estructurales agudas que comprometen severamente la calidad de los
datos sobre mortalidad.
El fenómeno de la mala clasificación de las causas básicas de muerte, comúnmente
asociado a la utilización de términos ambiguos, inespecíficos o fisiológicamente
terminales (como el paro cardiorrespiratorio) agrupados bajo la nomenclatura
internacional de "códigos basura" (garbage codes), representa una amenaza directa
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para la fidelidad de la información en salud. Este tipo de falencias documentales
obedece a múltiples factores de índole estructural, educativa y punitiva.
Las deficiencias formativas en el currículo médico de pregrado y posgrado respecto a
las normativas de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y CIE-11),
sumadas a entornos laborales precarizados y al temor fundado frente a repercusiones
legales, han propiciado un escenario donde el médico certificante prioriza la evasión
del conflicto jurídico sobre la exactitud clínica. López (2022) sostiene que los datos del
certificado de defunción no reflejan ajustadamente las causas y las circunstancias de
la muerte, lo que invariablemente desencadena un efecto dominó que contamina las
estimaciones de la carga de enfermedad y pervierte las métricas de supervivencia
poblacional.
En el contexto específico de la República del Ecuador, la exactitud en la certificación
médica trasciende el mero interés estadístico o demográfico para adentrarse en
terrenos de estricta responsabilidad penal y civil. Al documentar un deceso, el
profesional de la salud asume una obligación jurídica ineludible bajo el marco del
Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Salud. La emisión de un
certificado acarrea consecuencias inmediatas sobre la sucesión de bienes, la
liquidación de seguros, la terminación de obligaciones contractuales y, en casos de
muertes violentas o sospechosas de criminalidad, el inicio de acciones penales por
parte de la fiscalía.
Tal y como lo estipula la doctrina jurídica ecuatoriana, en Ecuador, la sucesión,
regulada por el Código Civil, es el proceso legal que requiere obligatoriamente de este
instrumento para su materialización y el consecuente traslado del patrimonio. Por
ende, la falsedad, la omisión o la negligencia probada en la constancia de los eventos
nosológicos que condujeron al cese de las funciones vitales no solo configura un
atentado contra la salud pública, sino una infracción directa y punible al ordenamiento
jurídico. Diversos análisis legales como el estudio de Ato (2024) advierten que la
omisión o falta al cumplimiento de lo anterior conlleva delitos que el Estado castiga
con rigor para preservar la fe pública.
Históricamente, los países que conforman la región latinoamericana han exhibido
asimetrías profundas en la calidad de sus registros vitales. Mientras algunas naciones
han logrado consolidar sistemas de información informáticos robustos que limitan los
códigos basura a márgenes tolerables según los estándares de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), otras regiones mantienen tasas de subregistro y mala
clasificación que superan con creces el umbral crítico del 10%, a partir del cual los
datos pierden su utilidad objetiva para el diseño de políticas públicas a largo plazo.
En el manual de Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (2013) indica que la
comprensión axiomática de que la mortalidad refleja, de forma indirecta, el nivel de
salud de la comunidad exige un escrutinio exhaustivo sobre cómo se recolecta,
codifica y procesa cada defunción en la red hospitalaria y extrahospitalaria. En áreas
particularmente sensibles y priorizadas por la agenda internacional, como la
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mortalidad materna, las muertes por causas externas (incluyendo accidentes de
tránsito, homicidios y suicidios) y las enfermedades crónicas no transmisibles, los
errores de certificación ocultan crisis epidémicas latentes e invisibilizan a los grupos
demográficos más vulnerables de la sociedad, contraviniendo el derecho
constitucional a la salud y a la información veraz.
Bajo estas premisas, el presente estudio se erige sobre la necesidad imperiosa de
disecar, desde una perspectiva netamente interdisciplinaria que amalgama la
erudición médica y la dogmática jurídica, el impacto pernicioso que los errores en los
certificados de defunción infligen sobre las estadísticas oficiales. Se parte del
supuesto fundamental de que el acto de certificar no es un mero trámite administrativo
o burocrático delegado al personal de menor jerarquía, sino un acto médico, pericial,
epidemiológico y forense de máxima responsabilidad.
A través del análisis crítico del estado del arte, la revisión sistemática de la literatura
reciente y la evaluación meticulosa de la jurisprudencia y normativa ecuatoriana, este
trabajo examina la etiología del error certificante y sus ramificaciones. La relevancia
de este abordaje radica en su capacidad para ofrecer un diagnóstico situacional
preciso, sentando las bases teóricas y prácticas para futuras intervenciones
correctivas orientadas a salvaguardar la integridad de la salud pública regional,
comprendiendo que el desarrollo de políticas públicas inclusivas y sostenibles es
fundamental para promover la equidad en salud (Mendoza-Falcones et al., 2026).
2. Metodología
La estructuración metodológica del presente informe científico se fundamentó en el
protocolo estandarizado PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses), garantizando con ello la rigurosidad, reproducibilidad y
exhaustividad en la selección y el escrutinio de la evidencia. El diseño metodológico
correspondió a una revisión sistemática de carácter retrospectivo, transversal y
analítico. Se enfocó en la literatura científica primaria, cuerpos normativos nacionales,
reportes epidemiológicos gubernamentales y bases de datos jurisprudenciales
producidas en el periodo estrictamente comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el
30 de mayo de 2026.
El despliegue del método PRISMA se segregó meticulosamente en cuatro fases
operativas de estricto cumplimiento:
Identificación: Se estructuraron algoritmos de búsqueda avanzada utilizando
operadores booleanos (AND, OR, NOT) adaptados a la sintaxis de metadatos
específica de cada base de datos consultada. Las plataformas científicas escrutadas
incluyeron SciELO, PubMed, LILACS, MEDES y Trip Database. Las ecuaciones de
búsqueda combinaron descriptores estandarizados DeCS y MeSH tales como Death
Certificates, Garbage Codes, Vital Statistics, Epidemiology, Malpractice, Cause of
Death, Latin America, y Ecuador.
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Cribado (Screening): La totalidad del acervo documental recuperado fue sometida a
una depuración inicial mediante la lectura crítica de títulos y resúmenes. Dos
investigadores independientes, uno con perfil clínico-epidemiológico avanzado y otro
con especialización de posgrado en derecho penal y derecho sanitario, ejecutaron
esta fase a doble ciego para evitar sesgos de selección. Las discrepancias
hermenéuticas o de pertinencia temática fueron resueltas mediante el arbitraje
vinculante de un tercer investigador metodólogo.
Elegibilidad: Los manuscritos que superaron el cribado inicial fueron recuperados a
texto completo para un análisis de fondo. En esta etapa, se aplicaron herramientas
validadas de evaluación de calidad metodológica; para los estudios observacionales
se utilizó la Escala Newcastle-Ottawa (NOS), admitiendo únicamente aquellos con una
puntuación igual o superior a 7 estrellas, lo cual es indicativo de un bajo riesgo de
sesgo. Para la literatura de índole jurídica y el análisis de políticas públicas, se verificó
inexcusablemente la vigencia de los códigos y normativas citadas (por ejemplo, las
reformas recientes al Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Salud en
Ecuador).
Inclusión: Se consolidó una cohorte final de referencias bibliográficas primarias y
secundarias que respondían directa e inequívocamente a los ejes temáticos del
estudio: el impacto epidemiológico de los códigos basura, la reclasificación estadística
de la mortalidad materna y las responsabilidades penales y civiles derivados de la
mala certificación médica.
Para sistematizar la depuración documental y dotar de transparencia al proceso de
selección, se definieron criterios taxativos, los cuales se exponen detalladamente en
la Tabla 1.
Tabla 1
Criterios de inclusión y exclusión aplicados en el estudio.
Parámetro
Criterios de Inclusión
Criterios de Exclusión
Temporalidad
Publicaciones emitidas
estrictamente entre el año 2021
y 2026.
Estudios publicados con
anterioridad al año 2021, a
excepción de normativas,
sentencias o códigos legales
aún vigentes en el país.
Ámbito Geográfico
Enfoque centrado en la
República del Ecuador, con
datos comparativos o
regionales pertenecientes a los
países de América Latina y el
Caribe.
Investigaciones circunscritas
exclusivamente a ecosistemas
de América del Norte, Europa,
Asia o África, sin
extrapolabilidad directa a la
realidad sociosanitaria
latinoamericana.
Diseño del Estudio
Estudios de cohorte,
transversales, ecológicos,
revisiones sistemáticas, análisis
de la Carga Global de
Enfermedad (GBD), informes
Reportes de caso individual
clínico, opiniones de expertos
sin respaldo de datos primarios
comprobables, cartas al editor,
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técnicos y análisis jurídicos
formales.
y artículos provenientes de
revistas predatorias.
Eje Temático
Análisis exhaustivo de códigos
basura, calidad del certificado
de defunción, impacto
epidemiológico de causas
externas o crónicas, y
dogmática jurídica de la
responsabilidad del certificante.
Estudios puramente clínicos
sobre la fisiopatología celular de
enfermedades que no
abordaran la dinámica del
subregistro, la codificación
estadística o las aristas médico-
legales.
Fuentes Específicas
Artículos indexados en
repositorios oficiales (SciELO,
PubMed, LILACS, MEDES, Trip
Database)
Textos provenientes de
repositorios no académicos,
blogs de opinión no
institucionales, foros de
internet, o literatura gris carente
de revisión por pares doble
ciego.
Nota: Autores (2026)
El proceso de extracción de datos se ejecutó utilizando matrices de tabulación
estructuradas donde se volcaron variables predefinidas: autor principal, año de
publicación, ubicación geográfica de la cohorte, diseño metodológico, proporción
porcentual de códigos basura identificados, mecanismos de reclasificación (como la
autopsia verbal o el método RAMOS), e implicaciones legales discutidas. La
información cuantitativa referente a las tasas de mortalidad y a las variaciones
porcentuales de cambio anual (APC) se consolidó para su posterior exposición
descriptiva.
Se prestó particular y escrupulosa atención a la captura exacta de frases y postulados
claves emitidos por los autores y las legislaciones, a fin de asegurar un rigor
argumentativo impecable. La publicación de este manuscrito implica que todos los
materiales, datos brutos de la revisión, código informático utilizado para el
metaanálisis descriptivo y los protocolos asociados se encuentran a disposición
incondicional de los lectores y de las autoridades sanitarias competentes en los
repositorios institucionales designados.
3. Resultados
Es La exploración empírica, estadística y jurídica producto de la metodología descrita
arrojó hallazgos sustanciales que demostraron la existencia de una crisis sistémica en
la calidad de la información vital en la región latinoamericana, la cual permeó de
manera directa y perniciosa el tejido del derecho sanitario y la epidemiología aplicada.
Los resultados obtenidos se estructuraron analíticamente en torno a la prevalencia de
los denominados códigos basura, la consecuente distorsión de la morbilidad
específica de la población, y las graves consecuencias legales que enfrentaron los
profesionales bajo el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador.
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El análisis retrospectivo de las bases de datos de registros vitales regionales confirmó
inequívocamente que el fenómeno de la codificación inespecífica constituyó una
epidemia silenciosa arraigada en los sistemas de información de salud. Al evaluar las
series de tiempo de diversos países sudamericanos, se identificó que la inserción
sistemática de diagnósticos que no constituyen una causa básica de muerte pergeñó
una distorsión sistemática de la verdadera carga de enfermedad.
En Brasil, a modo de parámetro comparativo, Aquino et al., (2025), indicó que los
registros históricos y recientes demostraron que la proporción se mantuvo elevada,
variando de 48,0% (1998) a 46,3% (2023) en el estado de Río de Janeiro,
evidenciando que prácticamente la mitad de los fallecimientos evaluados adolecieron
de la precisión clínica requerida por la CIE-10. En el contexto ecuatoriano, las
evaluaciones institucionales del registro nacional de mortalidad revelaron niveles
altamente preocupantes de deficiencias estructurales; las causas mal definidas
representaron un porcentaje crítico del perfil epidemiológico, fluctuando drásticamente
según la provincia geográfica, el sexo del fallecido y el grupo etario.
Las estimaciones derivadas de modelos de distribución de muertes (DDMs) ubicaron
a los códigos basura entre el 21% y el 56% para el caso de las mujeres, y entre el
25% y el 52% para los hombres en diversas jurisdicciones durante el periodo
analizado. La gravedad del impacto estadístico se materializó de manera contundente
al examinar la clasificación técnica de los errores mayores presentes en los
certificados de defunción, los cuales abarcaron desde la alteración ilógica de las
secuencias temporales de la enfermedad, el uso indiscriminado de paros
cardiorrespiratorios como causas básicas, hasta la omisión absoluta de la enfermedad
subyacente.
Malta et al., (2025) determinó invariablemente que las causas de muerte mal definidas
alteran el análisis de la información clínica, lo que condujo a una sobreestimación de
afecciones genéricas y a una subestimación sistemática de patologías crónicas
prevenibles. Al aplicar los algoritmos de redistribución estandarizados por el estudio
de la Carga Global de Enfermedad (GBD) para mitigar el sesgo estadístico de estos
códigos basura, las tasas de mortalidad reales por enfermedades isquémicas del
corazón, diabetes mellitus y ciertos tipos de neoplasias mostraron incrementos
dramáticos.
Esto demostró que la aparente estabilidad de ciertas enfermedades crónicas en las
estadísticas oficiales de Ecuador y países vecinos era un mero artefacto numérico
originado por la negligencia certificante. Instituto Nacional de Investigación en Salud
Pública, (2021) en base a la redistribución, los estudios corroboraron el pronóstico de
que las enfermedades del sistema nervioso y las neoplasias incrementarán en los
próximos años, una realidad clínica inobjetable que solo pudo cuantificarse cuando la
codificación primaria fue rectificada metodológicamente.
En lo concerniente a la epidemiología de la salud reproductiva, el análisis arrojó que
la mortalidad materna fue sistemáticamente subregistrada debido a errores
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estructurales u omisiones flagrantes de la condición de embarazo en mujeres en edad
fértil al momento de certificar la defunción. En América Latina y el Caribe, a pesar de
los inmensos esfuerzos institucionales y presupuestarios, Guantes (2025) reportó que
en América Latina y el Caribe la tasa de mortalidad materna se redujo un 28%, un
progreso que, si bien estadísticamente significativo, continuó entorpecido por la
invisibilización de fallecimientos obstétricos directos e indirectos, los cuales fueron
codificados erróneamente bajo otras causas genéricas como septicemias
inespecíficas o hemorragias sin locus anatómico determinado.
Para contrarrestar esta fuga de información crítica, las autoridades sanitarias
implementaron metodologías avanzadas de vigilancia como la Búsqueda
Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM). Las investigaciones de
terreno ratificaron que la aplicación de la BIRMM permite identificar y analizar las
muertes maternas que previamente se encontraban enmascaradas en las bases de
datos (De Mucio et al., 2024).
Este proceso de rectificación se logró mediante la confrontación de los registros
hospitalarios y la realización exhaustiva de autopsias verbales con los familiares. Tras
el proceso de depuración, se identificó con abrumadora reiteración que los trastornos
hipertensivos, hemorragia posparto y sepsis constituyen las principales causas de los
decesos maternos, variables cuya notificación inicial errónea perpetuó la desatención
crónica de la salud femenina en áreas rurales y urbano-marginales.
Desde el espectro medicolegal y la dogmática penal ecuatoriana, los resultados del
análisis normativo demostraron que el acto de certificar falsedades o inexactitudes
posicionó invariablemente al facultativo en la esfera del derecho sancionatorio. El
Código Orgánico Integral Penal (COIP) castigó con extrema severidad la negligencia
y el dolo comprobado en la práctica médica. Cuando un error en el diagnóstico clínico
y su subsecuente certificación documental encubrió un manejo médico deficiente que
resultó en la muerte del paciente, se activó la tipicidad penal del homicidio culposo.
La Asamblea Nacional del Ecuador, (2014) en el suplemento 180 indica que la
jurisprudencia y la doctrina establecieron meridianamente que actúa con culpa la
persona que infringe el deber objetivo de cuidado, en su estudio Yambay et al, (2022)
implicó que, en el campo médico, la mala praxis tiene que ver con: los actos culposos
atribuidos al médico derivados de actos de impericia, imprudencia o negligencia.
En contraste, se constató que "actúa con dolo la persona que tiene el designio de
causar daño" (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014), figura aplicable cuando existió
intención de falsificar los registros para encubrir un crimen. El resultado dañoso
derivado de la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas
técnicas o lex artis aplicables a la profesión consolidó la responsabilidad penal del
galeno. Las sentencias de los tribunales evaluadas recalcaron categóricamente que
los médicos, como cualquier otro tipo de profesional, han de estar sometidos al imperio
de la Ley (Mosquera, 2022).
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Adicionalmente, se evidenció que el documento físico y electrónico del certificado,
pero se acarreó una solemnidad jurídica que, de ser vulnerada, tipificó un delito
autónomo contra la fe pública del Estado. Los reglamentos sanitarios dictaron que el
certificado de defunción se presenta en original y tres copias ante las distintas
entidades registrales y estadísticas. Emitir un certificado plasmando causas ficticias
para facilitar un sepelio rápido, o evadir la obligatoriedad de una autopsia medicolegal
en casos de muertes violentas, configuró una transgresión gravísima para el sistema
judicial, pues el delito de falsedad de documentos está tipificado en el Código Penal
(Ato, 2024).
Paralelamente, la normativa exigió que el médico certificante constatara físicamente
el cese irreversible de las funciones vitales bajo rigurosos protocolos neurológicos y
cardiológicos, ya que la certificación médica ha dar de señales inequívocas de muerte.
Extender el documento sin haber examinado personalmente el cadáver desembocó
en el encubrimiento de delitos de sangre. Por esta razón, la legislación advirtió
taxativamente que La omisión o falta al cumplimiento de lo anterior conlleva delitos
(Ato, 2024).
En el ordenamiento sanitario territorial, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador,
(2018) en su Ley Orgánica comprobó que los cementerios y criptas son los únicos
sitios autorizados para la inhumación, y este procedimiento logístico fue inejecutable
sin el aval médico oficial, estipulándose que el documento habilitante para la
inscripción y registro de defunción será la constancia del fallecimiento (Control
Sanitario Ecuador, 2022).
Pese a que la norma dictó que el acto de la firma es gratuito, aunque se pueden
reclamar honorarios por el acto médico, la inmensa responsabilidad adquirida no
admitió eximentes económicas de ninguna índole (Pinto, 2024). Finalmente, Canino-
Méndez et al., (2019) al evaluar la rigurosidad administrativa del llenado en los
departamentos de estadística, las métricas institucionales indicaron que únicamente
se consideró el certificado que no presenta errores en su llenado como apto para
procesos exentos de reproceso administrativo y auditoría externa.
4. Discusión
La amalgama de hallazgos estadísticos, epidemiológicos y legales decantados en la
presente investigación pone de manifiesto una disonancia cognitiva y estructural
dentro de los sistemas de salud de Latinoamérica y, de forma particular, del Ecuador.
Por un lado, el imponente andamiaje jurídico impone estándares draconianos respecto
a la exactitud, la pericia y el deber objetivo de cuidado que el profesional de la
medicina debe acatar incondicionalmente al momento de constatar y certificar un
fallecimiento.
Por el otro lado, la cruda realidad operativa de la praxis médica revela una inmensa
saturación administrativa en las salas de emergencia, severas deficiencias formativas
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desde las mallas curriculares de pregrado en materia de codificación de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), y un entorno laboral hostil que
induce sistémicamente al error de transcripción. Como se evidencia repetidamente en
la revisión de la literatura nacional orientada a las políticas públicas, el análisis
evidencia que la brecha entre norma y práctica debilita la efectividad de la protección
reforzada, anulando virtualmente cualquier blindaje legal o epidemiológico que
pretenda proteger los altos intereses de la salud colectiva.
Al someter a una valoración crítica profunda la abrumadora prevalencia de códigos
basura descrita en los resultados del estudio, se percibe claramente que este
fenómeno trasciende la mera equivocación mecanográfica o el lapso intelectual
transitorio del médico de guardia. Constituye, en su esencia más pura, una
manifestación patente de la precarización endémica de las estadísticas vitales de la
región.
Cuando un médico certifica, por premura o desconocimiento, un "paro
cardiorrespiratorio" como causa básica de muerte, en lugar de dilucidar
meticulosamente la cadena etiopatogénica que condujo inexorablemente al colapso
miocárdico, despoja al Estado ecuatoriano de un dato epidemiológico invaluable para
la toma de decisiones presupuestarias. Los resultados demuestran que "el subregistro
del fallecimiento y sus causas deriva a una alteración en la epidemiología" nacional.
Esta alteración significa, en términos prácticos, que los limitados presupuestos
asignados a programas de control metabólico, oncología preventiva o seguridad vial
se calculan ciegamente sobre bases numéricas ilusorias. Si las muertes secundarias
a una crisis hipertensiva mal manejada en el primer nivel de atención se ocultan bajo
eufemismos fisiológicos de la senectud, el sistema de salud central no percibe la
necesidad apremiante de invertir en atención primaria cardiovascular.
En este sentido, Cañarte-Vélez et al., (2025) sostiene que el desarrollo de políticas
públicas inclusivas y sostenibles es fundamental para promover la equidad en salud,
pero dichas políticas se vuelven inviables, teórica y financieramente, cuando el
sustrato numérico sobre el que se fundamentan es errático, extemporáneo o
francamente ficticio. Las repercusiones de la deficiente certificación médica impactan
profundamente el desarrollo y disfrute de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
En la vertiente del derecho civil patrimonial, la liquidación del patrimonio del de cujus
está indisolublemente subordinada a la precisión de este documento. Tal y como lo
delinean las directrices normativas del Ecuador, el certificado de defunción no solo
clausura la personalidad jurídica del individuo, sino que acciona de inmediato pólizas
de seguro de vida, pensiones de montepío, fondos de cesantía y las complejas
dinámicas hereditarias de la posesión efectiva.
En el ámbito de la práctica notarial y de aseguradoras, Pinto (2024) establece la
necesidad ineludible de responsabilidad civil, con obligación de reparar el daño
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causado frente a errores documentales. Un error tipográfico en las fechas, las horas
o la marcación equivocada de causales violentas versus causas naturales genera
laberintos burocráticos insalvables para los deudos, quienes deben someterse a
engorrosos procesos de rectificación legal ante las direcciones del registro civil, lo que
vulnera su seguridad jurídica patrimonial en momentos de extremo estrés psicológico
y acentuada vulnerabilidad económica.
En Ecuador, la sucesión, regulada por el Código Civil, es el proceso legal más
afectado por la negligencia certificante. El aspecto más ominoso y coercitivo del
subregistro y la mala clasificación, sin embargo, recae de lleno en la órbita del derecho
penal. La denominada medicina defensiva ha cobrado un auge sin precedentes en la
región latinoamericana, donde el miedo exacerbado al litigio judicial motiva a ciertos
facultativos a oscurecer deliberadamente las secuencias temporales en las
defunciones hospitalarias.
El propósito subyacente de esta práctica es evitar auditorías clínicas retrospectivas
que pudiesen sugerir iatrogenia, impericia o mala praxis. No obstante, esta estrategia
de evasión constituye una espada de doble filo desde la óptica jurídica. La adulteración
intencional de la causa de muerte, motivada por el pánico a un proceso penal, encaja
perfectamente en la figura de la falsedad ideológica o material de documento público.
Más aún, si las auditorías de los Comités Nacionales de Análisis de Mortalidad (como
aquellos estructurados rigurosamente para la vigilancia de la mortalidad materna y
neonatal) o los peritajes medicolegales independientes en exhumaciones futuras
logran demostrar científicamente una cadena de eventos clínicos distinta a la
certificada por el galeno, el profesional enfrenta cargos irrefutables que atentan
directamente contra su libertad privativa y la vigencia de su licencia profesional.
Las cortes advierten reiterativamente que los datos del certificado de defunción no
reflejan ajustadamente las causas y las circunstancias de la muerte en casos
judicializados, lo que debilita la presunción de inocencia del certificante (López, 2022).
La superación pragmática de este desalentador panorama exige una evolución
expedita hacia la digitalización integral y la interoperabilidad de los sistemas
informáticos en salud en Ecuador y toda Latinoamérica.
Esta transición tecnológica debe estar inexorablemente acompañada de algoritmos
de inteligencia artificial que alerten al médico en tiempo real sobre inconsistencias
lógicas en la cadena causal descrita, imposibilitando administrativamente la impresión
o validación de certificados electrónicos que contengan errores mayores o secuencias
biológicamente inverosímiles. Asimismo, resulta imperioso robustecer con carácter de
urgencia las mallas curriculares de las facultades de ciencias médicas y
jurisprudencia, para que el acto de certificar deje de ser percibido por los médicos
internos y residentes como una engorrosa carga burocrática al final del turno clínico,
y sea finalmente internalizado como un procedimiento médico de altísima relevancia
diagnóstica, pericial, social y legal.
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Se reconoce, como una limitación metodológica inherente de la evidencia revisada en
el presente estudio, que la distorsión estadística generada por el pico de la reciente
pandemia de COVID-19 en los años 2020 a 2022 introdujo un volumen anómalo y
masivo de subregistros en la región, lo cual pudo sesgar parcialmente las
proyecciones de tendencias históricas evaluadas en los modelos. No obstante, esta
misma crisis sanitaria sin precedentes desenmascaró públicamente la tremenda
fragilidad técnica de los sistemas de registro de la mortalidad vital, validando de
manera irrefutable y dolorosa la urgencia de implementar auditorías epidemiológicas
estrictas.
5. Conclusiones
La investigación sistemática y multidisciplinaria desarrollada permite aseverar, de
manera categórica e indubitable, que la certificación médica de la defunción constituye
el eslabón más crítico, y paradójicamente el más descuidado, en la intrincada cadena
de la salud pública y la administración de justicia penal. Los errores persistentes en
su confección, lejos de ser anomalías aisladas, representan un factor sistémico y
determinante en la severa distorsión del perfil epidemiológico latinoamericano.
La persistencia inaceptable de altas tasas de códigos basura y clasificaciones clínicas
inespecíficas en la República del Ecuador y en la región en su conjunto neutraliza la
eficacia operativa de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Esta ceguera
estadística impide que el Estado dimensione con la precisión científica requerida la
verdadera carga de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como el volumen
real y trágico de la mortalidad materna e infantil, obstaculizando consecuentemente la
formulación de planes de desarrollo y la asignación racional, equitativa y eficiente de
los recursos financieros y humanos estatales.
Desde la esfera dogmática y la hermenéutica legal, se ha demostrado
fehacientemente que la negligencia, la impericia técnica o la omisión deliberada en el
correcto llenado del certificado médico de defunción no constituye en ninguna
circunstancia una simple falla administrativa subsanable. Por el contrario, dichas
acciones u omisiones se subsumen directamente bajo figuras delictivas severas
amparadas y sancionadas por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Las consecuencias devastadoras de esta mala praxis documental trascienden las
fronteras del ámbito penal, generando severos perjuicios económicos en la
responsabilidad civil extracontractual y lesionando irreparablemente los derechos de
sucesión patrimonial y previsión social de los deudos, quienes se convierten en
víctimas colaterales de la impericia estatal. La profunda brecha identificada entre la
rigurosa obligatoriedad de la norma jurídica y la deficiente ejecución material en la red
de centros de salud exige una transformación profunda, estructural e impostergable
en los procesos de auditoría hospitalaria y en la formación continua del gremio médico.
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El aporte primordial e inédito de esta investigación a las ciencias médicas,
epidemiológicas y jurídicas radica en la consolidación de un marco de análisis
interdisciplinario integral. Este enfoque desnudo crudamente cómo un simple error de
tinta u omisión digital sobre un documento clínico de aparente rutina desencadena una
cascada de fallas sistémicas que atentan gravemente contra los derechos
constitucionales colectivos.
Se demuestra que el cumplimiento soberano de los objetivos de la agenda sanitaria
global requiere imperiosamente que el cuerpo médico comprenda y asuma su doble
rol fundamental como sanador de la vida y fedatario irrefutable de la salud pública. En
paralelo, es deber ineludible de las autoridades jurisdiccionales e institucionales
proveer de inmediato las herramientas tecnológicas de validación electrónica en
tiempo real necesarias para erradicar definitivamente el subregistro endémico y
crónico que padece la región, asegurando así que cada deceso cuente, estadística y
legalmente, para la preservación de las futuras generaciones.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
“Los autores declaran que no utilizaron herramientas de inteligencia artificial
generativa en la elaboración de este manuscrito.”
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