Abstract:
The analysis of the effectiveness of Ecuador's criminal law and security policies
highlights both advances and persistent challenges in the fight against crime.
Legislative reforms between 2021 and 2023 focused on increasing penalties for violent
crimes, implementing stricter laws against organized crime, and aligning legislation
with international standards. Although these measures have shown positive results,
such as a reduction in robberies and kidnappings in certain areas, the perception of
insecurity among the population remains high. Police training and professionalization
have improved their competence, but the lack of coordination between government
and judicial entities limits the effectiveness of security policies. Socioeconomic and
cultural factors, such as economic inequality, insufficient education and prevention
programs, and the normalization of violence, also play a crucial role in perpetuating
crime. Prison overcrowding, lack of rehabilitation and reintegration programs, and
corruption in the judicial system are additional challenges. The adoption of modern
technologies offers opportunities to improve the effectiveness of the criminal justice
system but requires careful implementation and protection of privacy rights.
Keywords: criminal law, security policies, Ecuador, criminality, legislative reform.
1. Introducción
En los últimos años, Ecuador ha enfrentado un aumento significativo en los índices de
criminalidad, lo cual ha generado una preocupación creciente entre la ciudadanía y
las autoridades. Este fenómeno ha puesto de manifiesto la necesidad de evaluar la
eficacia de las políticas de seguridad implementadas y el rol del derecho penal en la
contención y reducción de la delincuencia. El presente artículo de revisión bibliográfica
se centra en analizar la eficacia del derecho penal y las políticas de seguridad en
Ecuador, considerando diversos factores que afectan su implementación y resultados.
La criminalidad en Ecuador se ha manifestado de diversas formas, incluyendo el
aumento de delitos violentos, el crimen organizado y la corrupción. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el período 2015-2020, la tasa
de homicidios ha mostrado una tendencia ascendente, afectando significativamente
la percepción de seguridad entre los ciudadanos (INEC, 2021). Este aumento en la
criminalidad no solo representa una amenaza directa para la vida y la propiedad de
las personas, sino que también socava la confianza en las instituciones del Estado y
en la efectividad del sistema de justicia penal.
Entre los factores que influyen en la eficacia de las políticas de seguridad y del derecho
penal en Ecuador, se destacan la limitada capacidad institucional, la corrupción, la
falta de coordinación entre las diferentes entidades encargadas de la seguridad y
justicia, y la carencia de recursos suficientes. Adicionalmente, la implementación de
políticas punitivas sin un enfoque integral que incluya la prevención del delito y la
rehabilitación de los infractores ha sido criticada por su falta de resultados sostenibles